Uruguay del 2050: una agenda pendiente en educación digital crítica y políticas digitales

Uruguay del 2050: una agenda pendiente en educación digital crítica y políticas digitales

Autoría: Soledad Magnone – Directora, JAAKLAC iniciativa.

Es el 2050, y en la memoria del Uruguay se mantiene la década entre el 2010 y 2020 en que el país se destacó a nivel regional y global en rankings de desarrollo digital de las Naciones Unidas (ONU). 

Esta posición privilegiada se debió en su momento a una Agenda Digital pública enfocada en un acceso digital inclusivo para su población y en la transformación digital del gobierno. Uno de los principales hitos nacionales fue a través del Plan Ceibal, que entregó desde 2007 computadoras personales a la totalidad de estudiantes en educación pública Primaria y Media, y conectó a internet sus centros educativos y espacios públicos, entre otros. El rápido impacto de Ceibal se dio entre el 2007 y 2010 al reducir de 12,8 a 1,2 la diferencia en acceso a computadoras entre los hogares de mayores y menores ingresos. Asimismo, se conectaron escuelas rurales y barrios de bajos ingresos de todo el país, facilitado por la propiedad estatal de la principal empresa de telecomunicaciones.

Este contexto cambió cuando la pandemia de la COVID19 evidenciara la gran medida en que las tecnologías digitales son causa y efecto de las divisiones sociales en Latinoamérica. En 2021 la CEPAL lanzó su programa “Canasta básica digital” instando a reducir costos de servicios de banda ancha, celulares y tabletas. Al mismo tiempo, se denunciaba un aumento significativo del uso de tecnologías de vigilancia restringiendo los derechos humanos y libertades civiles en Latinoamérica

Ante este cambio de escenario, la ONU creó nuevos estándares para los estados de bienestar digital. Sus rankings pasaron a incluir políticas en pro de la igualdad y protección de derechos económicos, sociales y laborales en la era digital. Más que acceso, estos índices pasaron a considerar estrategias integrales, abarcando temas como la educación digital, la protección de datos personales, gobernanzas participativas y la responsabilidad de múltiples partes. Asimismo, estos comenzaron a ponderar especialmente soluciones para la infancia, comunidades afro, indígenas, LGBTQ+ y con discapacidades.

A partir del 2020, la Agenda Digital de Uruguay no consiguió alcanzar plenamente estos nuevos estándares y el país descendió en la tabla de rankings. Esto se debió al aumento de costos de servicios por parte de la empresa pública de telecomunicaciones, pero principalmente a los lentos avances en educación digital y derechos de la niñez. Así como la UNESCO lo registraba en varios países de Latinoamérica, las competencias digitales más desarrolladas en Uruguay se enfocaron en el mercado de empleo. Más aún, Ceibal se dedicó principalmente a enseñar con tecnologías digitales, excluyendo la relevancia de la comprensión de cómo funciona el ecosistema digital y sus implicancias en derechos humanos y democracias. Los efectos negativos de este déficit en educación digital y derechos afectaron principalmente a las generaciones más jóvenes y de sectores desfavorecidos, hipotecando el futuro del país.

En el 2020 lancé JAAKLAC iniciativa con el objetivo de ampliar la participación de Latinoamérica, especialmente de sus jóvenes, en la creación de un futuro digital más justo. Esto se materializa en proyectos en educación digital crítica, investigación y activismo en políticas digitales alineadas con derechos humanos. Los proyectos se basan en articular colaboraciones entre organizaciones de la sociedad civil, gobierno, sector privado, tecnológico y academia, entre otras. JAAKLAC explora las posibilidades de prácticas en educación digital crítica y prototipos para co diseñar políticas participativas y centradas en la infancia. Los recursos y sus reflexiones se comparten de manera abierta para inspirar a programas educativos formales e informales. 

En el Uruguay del 2050, la ampliación de las divisiones en acceso, educación y participación digitales impactaron significativamente en el avance de las inequidades sociales del país. La reducción y desactualización de la Agenda Digital conllevó mayores desafíos para la sociedad civil y dejó en el recuerdo colectivo su promesa de un Estado comprometido con una ciudadanía digital activa.


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